Aunque Panamá está considerado como un país con una buena legislación en cuanto a los derechos de las mujeres, una parte de esta es desconocida por la mayoría de las panameñas. Esto hace que las situaciones de desigualdad se mantengan.

Amalia Aguilar Nicolau

Tanto el movimiento de mujeres de Panamá como abogadas y abogados, en general, consideran que la legislación panameña que tiene como propósito garantizar los derechos a las mujeres para mejorar sus condiciones de vida es bastante buena y completa.

Por otra parte, Panamá es signataria de varios convenios y convenciones internacionales que obligan al Estado a hacer un esfuerzo para cumplir con estos compromisos.

Sin embargo, seguimos teniendo discriminación en el salario, seguimos teniendo discriminación en cuanto a la edad, seguimos teniendo discriminación en cosas que son específicamente relacionadas con nuestra condición de mujeres. Por ejemplo, se continúa exigiendo la prueba del embarazo cuando solicitamos un trabajo, esto no sólo es violatorio de la ley, sino también de los derechos humanos más fundamentales de las mujeres y además tiene una profunda incoherencia en una sociedad donde hemos hecho de la maternidad un culto.

¿Qué es lo que pasa entonces con la legislación panameña? Pregunté a tres mujeres: la ex legisladora Teresita Yániz de Arias, la presidenta de la Unión Nacional de Abogadas Mariblanca Staff y Magaly Castillo, de la Alianza Pro Justicia, para conocer por qué en un país donde se supone hay buenas leyes para defender sus derechos, las mujeres viven situaciones injustas en las que ven violentadas su dignidad y hasta su vida.

>Buenas leyes que no se cumplen

Para Teresita Yániz de Arias, legisladora durante el gobierno anterior, ‘tenemos una cantidad de leyes de excelente calidad que simplemente no han encontrado una implementación y una ejecución por parte de los diferentes gobiernos. Tenemos una Ley de Violencia buenísima. La primera se aprobó en el año 95 y se nos quedó corta. Yo presenté las modificaciones, que incluyen desde el año 2001 las medidas de protección, pero de nada sirve que la ley sea buena si no se implementa adecuadamente. En lo que va del año siete mujeres han muerto a manos de sus parejas, cónyuges, etc. En la mayoría de los casos, estas mujeres ya habían sido víctimas de violencia, habían acudido a las autoridades y se les debió haber ofrecido protección. Esto es un ejemplo de un problema que no tiene que ver con la legislación’.

Mariblanca Staff, presidenta de la Unión Nacional de Abogadas, coincide con Yániz de Arias, ‘con respecto a la legislación sobre los derechos de las mujeres yo pienso que se ha avanzado bastante, los obstáculos se dan propiamente a la hora de la interpretación y aplicación de esas leyes. La década de 1990 se puede señalar como el período más activo en lo que se refiere al establecimiento de políticas públicas dirigidas a la defensa de los derechos de las mujeres. Se firman convenios internacionales, se promulga la Ley de Violencia Doméstica, se establece el Código, se crea el Mides, y se aprueba la Ley 4 que es un avance fundamental en materia de políticas públicas. El problema está en la interpretación, aplicación y ejecución de esas leyes. No ha habido una integración de esas políticas a nivel del Estado ni de la sociedad civil’.

>Desconocimiento de la ley

Teresita Yániz de Arias también señaló el desconocimiento de la ley que lleva a las mujeres a aceptar, muchas veces, injusticias por no saber qué hacer al momento de reclamar sus derechos. En este aspecto señaló la responsabilidad del gobierno, de las organizaciones de mujeres, pero también de las mismas mujeres a nivel personal por conocer las leyes que las protegen.

Pregunté a varias mujeres de diferentes estratos sociales y profesionales, no pertenecientes al movimiento de mujeres, qué leyes conocían que garantizaban sus derechos. Casi todas conocen que existe una ley contra la violencia doméstica o intrafamiliar. Pero pocas pueden decir puntos concretos de la ley o lo que tienen que hacer en caso de ser víctimas de algún abuso.

Uno de los factores que más peso tiene en el momento en que una mujer tiene que reclamar algún derecho dentro del entorno laboral es el miedo a quedarse sin trabajo. No quiere que se la considere problemática y por eso, en la mayoría de los casos, no denuncia las injusticias, los abusos de tipo psicológico y moral y mucho menos el acoso sexual del que algunas con las que conversé han sido víctimas.

Otras mencionan aspectos señalados en el Código de la Familia relacionados a la guarda y crianza de los hijos. Pero, por ejemplo, ninguna supo decirme bajo qué régimen de distribución de bienes se casó. Otras se aguantan malos tratos de parte de sus parejas porque viven bajo la amenaza de ser separadas de sus hijos. Y ni qué decir de las disposiciones sobre delitos sexuales. Ninguna sabía nada al respecto o le daba pena hablar del asunto.

‘Yo creo que el desconocimiento de las leyes que tenemos vigentes es muy negativo para que las mujeres consigan de verdad hacer respetar sus derechos. Pero más que eso hay un entorno cultural y social que sigue siendo un condicionante tremendo para mantener ciertos patrones de discriminación y subordinación’, afirmó Teresita Yániz de Arias.

>‘Es peor robarse una vaca que violar a una mujer’

Una vez una legisladora me comentó que en el Código Penal el castigo por robarse una vaca era mayor que por violar a una mujer. Tanto Mariblanca Staff como Teresita Yániz de Arias estuvieron de acuerdo con la necesidad de revisar y aumentar las penas a los delitos sexuales.

‘Estoy completamente de acuerdo con Teresita’, afirmó Staff —en que existe una falta de sanciones ejemplares para los delitos sexuales. Se logró un gran avance en la Ley 16 de 2004, pero ese es un tema específico relacionado con la explotación sexual de menores de edad. Pero por supuesto que hay que hacer una revisión integral de toda esa normativa para cambiar esos conceptos que se han superado en otras legislaciones como el pudor o los llamados crímenes de honor’.

Sin embargo, Magali Castillo, de la Alianza Pro Justicia, no está de acuerdo en este punto: ‘No creo que el aumento de penas ayude a disminuir la violencia contra las mujeres. Lo que sí necesitamos es evaluar la aplicación de estas leyes y analizar cuáles son las normas que no funcionan para protegerlas. Lo importante es proteger la vida y dignidad de las mujeres y no el castigo posterior al ofensor que en nada resarce el daño causado a cientos de mujeres. Los agresores deben responder ante la comunidad y la justicia debe aplicarse a quienes cometan delitos, pero necesitamos paralelamente mejorar las normas que protegen a la mujer que denuncia el maltrato y las medidas de atención a las mujeres víctimas. La justicia penal solamente se queda en sancionar al agresor y no se preocupa por la vida de la mujer. Entonces necesitamos políticas de Estado, de prevención y atención de las víctimas’.

>Mujeres sin leyes

‘Estoy convencida de que necesitamos hacer un alto y analizar toda la legislación que hemos logrado hacia el adelanto de la mujer y ver qué impacto han tenido sobre todo en la vida de las mujeres pobres de nuestro país’, afirmó Castillo.

Esta afirmación da pie a una reflexión de Yániz de Arias. ‘Por otra parte, hay mujeres en nuestro país para quienes las leyes no significan nada porque para ellas no hay protección. Por ejemplo, en la comarca Ngöbe Buglé uno siente verdaderamente el peso que esas mujeres cargan sobre sus hombres. El 53% son analfabetas, con pésimos accesos a la salud, sin ninguna posibilidad real de mejorar sus condiciones de vida ni las de sus familias. Pero como ellas no caminan por nuestras calles, podemos hacernos la ilusión de que no existen, pero son cientos de miles de personas viviendo en esas condiciones, entre esos mujeres y niñas. Yo creo que el avance que se ha hecho, y del que indudablemente una serie de mujeres y un número importante de mujeres se ha beneficiado, no ha alcanzado a todas las mujeres por igual. A algunas ni siquiera del todo. Quizá ese es el reto, que lo que hemos logrado en materia de violencia, en materia de participación política, social y económica no sea simplemente para un grupo de mujeres privilegiadas de las áreas urbanas, de manera que también tenga una repercusión en la vida cotidiana en más de la mitad de las mujeres de este país’.